viernes, 24 de junio de 2011

MENSAJE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

United Nations Nations Unies

11-38123 (S)

EL SECRETARIO GENERAL

--

MENSAJE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE

LA LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO

ILÍCITO DE DROGAS

26 de junio de 2011

El tráfico de drogas, que se consideró principalmente un problema social y penal, se ha transformado en los últimos años en una importante amenaza para la salud y la seguridad de pueblos y regiones. El mercado anual de opiáceos afganos, que asciende a 61.000 millones de dólares anuales, está financiando la insurgencia, el terrorismo internacional y una mayor desestabilización. En África Occidental, el comercio mundial de cocaína, con un valor de 85.000 millones de dólares, está aumentando la adición y el blanqueo de dinero, al tiempo que fomenta la inestabilidad política y las amenazas a la seguridad. Cada 1.000 millones de dólares de cocaína pura con la que se trafica en África Occidental obtienen más de diez veces más cuando se venden en las calles de Europa.

Como la amenaza es tan urgente, recientemente he establecido un Equipo de Tareas para elaborar una estrategia en todo el sistema de las Naciones Unidas para coordinar y fortalecer nuestra respuesta a las drogas ilícitas y la delincuencia organizada incorporándola en todas las actividades de las Naciones Unidas relativas al mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz, la seguridad, el desarrollo y el desarme. De esta manera, las Naciones Unidas pueden integrar la lucha contra el tráfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada en el programa mundial de seguridad y desarrollo.

La conmemoración de este año del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas ofrece una oportunidad para destacar la importancia de hacer frente a esa doble amenaza mediante el estado de derecho y la prestación de servicios de salud. Nuestra conmemoración coincide con el quincuagésimo aniversario de la Convención

Única sobre Estupefacientes de 1961

.

Esa Convención, y los demás tratados internacionales principales sobre la fiscalización de drogas, hacen algo más que ayudarnos en la lucha contra el tráfico de drogas; protegen a las personas vulnerables mediante una amplia gama de actividades con las que se comprometen los Estados partes, entre ellas la educación y prevención, el tratamiento de la farmacodependencia, los cuidados y rehabilitación de los usuarios de drogas y el apoyo social.

Esas medidas son críticas, porque el uso de drogas es, fundamentalmente, un problema de salud. La farmacodependencia es una enfermedad, no un delito, los verdaderos delincuentes son los traficantes de drogas.

Sin embargo, la oferta es solamente la mitad de la ecuación. A menos que reduzcamos la demanda de drogas ilícitas nunca podremos abordar plenamente el cultivo, la producción o el tráfico.

Los gobiernos tienen la responsabilidad de contrarrestar el tráfico de drogas y el uso indebido de drogas, pero las comunidades también pueden hacer una contribución importante. Las familias, las escuelas, la sociedad civil y las organizaciones religiosas pueden hacer su parte para librar de drogas a sus comunidades. Las empresas pueden ayudar a proporcionar medios legítimos para ganarse la vida. Los medios de comunicación pueden aumentar la conciencia sobre los peligros de los estupefacientes.

Podremos tener éxito si reforzamos nuestro compromiso con los principios básicos de la salud y los derechos humanos, la responsabilidad compartida, un enfoque equilibrado para reducir la oferta y la demanda, y el acceso universal a la prevención, el tratamiento y el apoyo. Esto fomentará comunidades libres de delitos y violencia relacionados con las drogas, personas libres de la dependencia de las drogas que puedan contribuir a nuestro futuro común, y un mundo más seguro para todos.

http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2011/June/world-drug-day-2011_-global-health-starts-with-drug-free-communities.html?ref=fs1

Poderes que matan


Poderes que matan

Drogadicción

por Germán Díaz

Religioso Salesiano. Lic. en Comunicación Social

germansdb@hotmail.com

Tantos temas para resolver aún en la Argentina, la lucha contra la droga, uno de ellos. Sabemos que la pelea para desterrar o minimizar la droga, en el país, siempre es asimétrica. Nunca podremos combatir a los millones de dólares que circulan por la venta “ilegal”. Pareciera que la fuerza de los “empresarios” de la droga resulta, incluso, demasiado brutal para el poder político.

Somos, por así decirlo, un grupo de hormigas ilusas contra superpoderosos y, en muchos casos, protegidos, tapados, camuflados por los mismos gobiernos. ¿Quién escucha las voces que dicen basta de drogas? ¡No usen drogas! ¡La droga te daña! El lenguaje de sermón que adquieren los que intentan aplacar o disminuir el desastre de las adicciones, especialmente entre los jóvenes, es una voz en el desierto. Claro que la voz no sólo suena con eco en el vacío, sino que, además, enoja a las “hienas”, “panteras” y “serpientes” del adverso hábitat mundial. Tal fue la repercusión y la voz de Bergoglio, cuando se atrevió a denunciar: “En las puertas de los colegios de Buenos Aires, se vende muerte”.

Podemos continuar con la insistencia, a nuestros jóvenes, para que no caigan en la adicción. Pero solo un joven, muy bien acompañado por adultos, muy serio, con una vida asegurada y feliz podrá aceptar el desafío de no sentirse o parecer aburrido en el mundo de las sensaciones y emociones.

El dolor, la frustración, la falta de oportunidades y horizontes, el desahogo, la impotencia, la depresión carcomen por dentro y llevan lentamente a destruir la propia vida, sucumbiendo al vicio asesino de la droga. Lamentablemente, detrás de algo que hace daño a la sociedad, se esconden intereses económicos y políticos, que aseguran que todo prosiga como siempre, que todo parezca normal.

La triste historia de tantos jóvenes aniquilados por las drogas tiene también madres del sufrimiento, del “paco”, de la inseguridad, de la desesperación. Ellas no pertenecen a asociaciones poderosas y millonarias, solo la lucha por hacer sentir su voz en una sociedad cada vez más peligrosa para los jóvenes.

Las leyes, las reglamentaciones y la burocracia no ayudan a terminar con este flagelo social. La vida se ha tornado demasiado difícil para el adicto. Los primeros tiempos son quizá de novedad y euforia, pero la tristeza se apodera lentamente cuando advierten que están atrapados en una red asesina. “Los muchachos que utilizan droga pronto se dan cuenta, a su costa, de los daños que se derivan de ella y los saben describir bien. Lo revela un estudio suizo recién publicado (Swiss Medical Weekly), que señala los trastornos de relación o de tipo sexual provocados por los estupefacientes.

Los jóvenes pagan, pero sus maestros siguen predicando la legalización de la droga: algunos usan la imagen de la droga para atraer audiencias en los escenarios de televisión; otros —como han sostenido recientemente algunos ex jefes de Estado, políticos y personalidades públicas— piensan que, liberalizando, se sustrae el mercado a la delincuencia.

Ambos se equivocan: los primeros porque especulan de mala fe con la debilidad de la adolescencia; los segundos porque la liberalización no ha hecho desaparecer el juego de azar clandestino ni ha reducido el consumo de alcohol; y porque la droga no es, en primer lugar, un problema de delincuencia, sino de vacío de esperanza y de proyectos, colmado por una felicidad artificial que destruye el cerebro.” (1)

Hay otros temas que tampoco se terminan en la Argentina: ¿Por qué no se erradica la prostitución de menores? ¿Por qué no se meten presos a los grandes jefes narcos? ¿Por qué no se cierran las salas de juego que propician la enfermedad de la adicción? ¿Por qué no se prohíbe la venta ilegal de droga? Tal vez, hay intereses, personas que nunca aprobarán una ley para proscribir lo que ellos mismos disfrutan. Hay gente muy poderosa que jamás desconectaría las redes narcos porque perdería mucho dinero en coimas. Necesitamos un fin. Pero el silencio de todos nosotros es la complicidad que ellos precisan para seguir adelante, cebados por los millones de dólares que permiten que todo pase y parezca imposible de exterminar.

Se puede, pero falta decisión. En este año electoral, las decisiones serán mucho más lentas, especialmente en ámbitos que no son demasiado populares o populistas. Al decir de Michel Foucault: un biopoder que legitima el “Hacer vivir, dejar morir”. La entrega de nuestros jóvenes al lobo de la muerte se pagará muy caro.

________________________________________

(1) Carlo Bellieni, en L'Osservatore Romano, Ciudad del Vaticano, sábado, 11 de junio de 2011 (zenit.org).

http://www.san-pablo.com.ar/rol/?seccion=articulos&id=3509

miércoles, 22 de junio de 2011

Jose Granero es citado a ratificar sus dichos contra Anibal Fernandez

Bullrich pidió citar al titular del SEDRONAR

21-6-2011

La diputada quiere que José Ramón Granero ratifique sus dichos contra Aníbal Fernández por supuesta “adulteración de información” sobre el consumo de drogas.


La diputada fundamentó que “las declaraciones del Secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), José Ramón Granero, en torno a la situación del consumo de drogas en nuestro país dejó en evidencia una fuerte interna con el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y las mentiras en materia de narcotráfico que el gobierno nacional maneja”.

Leer nota completa, hacer clic

Aníbal Fernández rechazó dichos del titular del Sedronar, Nosotras decimos que:

Aníbal Fernández rechazó dichos del titular del SedronarEnlace

José Ramón Granero lo acusó de "mentirle" a la Presidenta respecto de que en el país "no hay muertos por sobredosis".

Nosotras decimos que:

Justamente el nombre “Madres por la vida”, fue dado en defensa de la vida ante tantas muertes por causa del consumo de drogas en sus distintas variantes.

Lamentamos que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner nunca quiso escuchar nuestros reclamos.

No se puede tapar el sol con las manos, aunque nieguen las muertes por consumo, la sociedad sabe muy bien que existen. Lo que dice el Dr. Granero es tal cual. Y la irresponsabilidad y cinismo del Ministro Aníbal Fernández también.

Ahora bien, esta situación no hace mas que darnos la razón de la inexistencia de Políticas Públicas por parte de este Gobierno. Claramente está demostrado cuando dos funcionarios de un mismo gobierno tienen posturas tan distintas en un tema delicado como lo es la vida de las personas (derecho fundamental, ya que sin el no existe ningún otro), es porque nunca trabajaron responsablemente en un Plan Nacional para la Prevención y el Tratamiento del consumo de drogas y por otro lado la persecución y desmantelamiento de las organizaciones criminales del narcotráfico.

Cursamos notas, nos manifestamos durante casi tres años, todos los jueves en Plaza de Mayo, suplicando se nos escuche. En estos casi ocho años de gobierno de la familia Kirchner, solo recibimos ninguneo por un lado e insultos por otro tales como “Ustedes están locas, quieren ver a sus hijos presos!!” dichos del Ministro A. Fernández. Ante los reclamos desesperados de madres que asistían a la muerte lenta de sus hijos y solo pedían una internación para salvarle la vida.

Sedronar, responde dentro de sus posibilidades a los tratamientos e internaciones, con un presupuesto notablemente reducido.

Es cierto que existe la tendencia mundial de legalizar el comercio de las drogas hasta ahora consideradas ilegales – manda el mercado – Entonces los Argentinos nos tenemos que preguntar si la fortuna que circula alrededor del crimen organizado ¿vale más que la vida de uno de nuestros hijos? Acaso no nos merecemos un debate serio y responsable?

Los argumentos que esgrimen los militantes de la cultura del consumo, referente a que los consumidores son la mayoría en la población carcelaria, es una verdad a medias, porque es cierto que las cárceles están repletas de jóvenes y pobres, y muchos de ellos consumidores de drogas, que terminan presos por y para el consumo, que los lleva a cometer o involucrarse en actos delictivos. Pero también aquí debemos preguntarnos si esto sucede solo por la vigencia de la ley 23737 o por la connivencia, negligencia etc del poder político, policial y judicial que las investigaciones al narcotráfico se cortan por lo más fino. Seguramente la ley deba ser mejorada; para ello hace falta un profundo sinceramiento.

Madres por la Vida

lunes, 13 de junio de 2011

Invitación: AUDIENCIA PÚBLICA por DESPENALIZACIÓN

En este tema tan delicado y tan caro para la vida de los Hijos de la Argentina, hubiésemos preferido que se realice en tiempos no electorales, porque se presta a pujas ideológicas e intereses particulares, que no nos hace nada bien a los Argetinos que queremos vivir en libertad sin ser rehenes del sistema.
Será importante escuchar diversas voces, para facilitar a nuestros representantes, tomar las decisiones correctas, por la Salud Mental de la Argentina.

domingo, 12 de junio de 2011

El mapa de la prohibición en América Latina

El mapa de la prohibición en América Latina

Si en países como México, Perú, Paraguay y Uruguay es permitido portar pequeñas cantidades de drogas; en Chile, Venezuela o Bolivia es una falta y en Brasil es un crimen. Así es el mapa de la prohibición a las drogas en América Latina, en cuya cartografía las afinidades ideológicas poco importan a la hora de reproducir las recetas de Estados Unidos para la región. País por país, sepa a qué atenerse:

MÉXICO

El Decreto del Narcomenudeo, vigente desde agosto de 2009, permite cantidades para uso personal: 5 gramos de cannabis, 2 gramos de opio, 0,5 gramos de cocaína, 50 miligramos de heroína ó 40 miligramos de metanfetamina. Quienes sean sorprendidos portando drogas serán sometidos a tratamiento obligatorio solamente después del tercer arresto.

COLOMBIA

Pese a que en 1994 la Corte Constitucional declaró inconstitucional el castigo por posesión de cantidades para el uso personal, lo que permitía a los adultos poseer hasta 20 gramos de marihuana y un gramo de cocaína, entre otras sustancias, para consumo personal, el ex presidente Álvaro Uribe logró que el Congreso reformara la Constitución en diciembre del 2009 para prohibir la posesión y consumo de drogas.

VENEZUELA

En 1993 se cambió la pena de cárcel con “medidas de seguridad social” para la posesión de hasta 2 gramos de cocaína y 20 gramos de cannabis. El porte de drogas para el uso personal se castiga con tratamiento obligatorio.

BRASIL

Cambios legislativos en 2002 y 2006 despenalizaron parcialmente la posesión para uso personal. Ahora las penas de prisión fueron sustituidas por medidas educativas y servicios comunitarios. El Ministerio de Justicia y congresistas están preparando varias propuestas de reforma a la ley de drogas que apuntan a descriminalizar la posesión de drogas para consumo personal y una disminución de los niveles de condena por tráfico de pequeña escala. Claro que las intenciones no tienen consenso en el gabinete de Dilma Rouseff.

ECUADOR

La Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó el 2008 una amnistía para las mulas de drogas que transportaran menos de 2 kilos y que hubieran pasado más de un año en la cárcel. La Constitución aprobada por referendo en septiembre de 2008 establece que en ningún caso se criminalizará a los usuarios de drogas ni se “vulnerarán sus derechos constitucionales”. Se espera una reforma a la ley que descriminalice la tenencia para uso personal y disminuya las condenas para el tráfico de pequeña escala.

PERÚ

El año 2003 se descriminalizó la posesión para consumo propio, estableciéndose el umbral en hasta 2 gramos de cocaína y 8 gramos de marihuana. Para el microtráfico las sentencias son altas, alcanzado los 3 años.

BOLIVIA

La ley actual prohíbe el uso de drogas y castiga la posesión para uso personal con internamiento y tratamientos forzosos. En marzo de 2009, el presidente Evo Morales pidió que se saque a la hoja de coca de listado de estupefacientes de la ONU, pese a esto, la política prohibicionista respecto de otras drogas ilegales se mantiene.

CHILE

Desde el 2007 está despenalizada la posesión de drogas para el uso individual inmediato y de forma privada. Claro que su uso o posesión en lugares públicos es una infracción punible con multas, tratamiento forzoso, servicio comunitario y/o suspensión de la licencia de conducir. Igual sanción se ocupa en caso de consumo en lugares privados cuando es más de una persona. Las penas de prisión son altas para el microtráfico.

ARGENTINA

En agosto del 2009, la Corte Suprema de Justicia argentina declaró inconstitucional el artículo de la ley de drogas que reprime la tenencia para consumo personal, siempre que no afecte a terceras personas. La ley establece penas de cárcel que van de un mes a dos años, sustituibles por medidas educativas o de tratamiento. El dictamen abre la puerta para una reforma de la ley, para lo que el Ministerio del Interior formó una comisión que estudia el tema.

URUGUAY

Uruguay nunca criminalizó la posesión de drogas para uso personal. La ley de 1974 no establece límites de cantidad dejando a la discreción de los jueces la determinación sobre si la intención era el uso personal. En caso de que el juez dictamine que es para tal fin, no hay sanción alguna.


PARAGUAY

La ley de 1988 eximió de pena a los que poseyeran un máximo de 2 gramos de cocaína o heroína y 10 gramos de marihuana para el consumo personal.

* Mapa confeccionado con información del Transnacional Institute (TNI)

+ INFO: http://druglawreform.info/es

El Ciudadano

Políticas de drogas: Hablan los jueces

Políticas de drogas: Hablan los jueces, es hora de terminar con la prohibición

La piedra de tope del sistema penal han sido los magistrados quienes, por décadas, han visto cómo personas sin ningún lazo delictivo desfilan ante sus estrados por portar drogas declaradas ilícitas. Un juez argentino y otra brasileña dan los argumentos que los convencieron de que las leyes de droga son injustas, ineficaces y provocan graves daños sociales.

A pasos lentos avanzan los cambios a las leyes de drogas en Latinoamérica. De a poco, desde diferentes sectores sociales, se cuestionan las leyes prohibicionistas que han convertido al tráfico de drogas ilícitas en el tercer mayor negocio del mundo -el primero son las armas y el segundo la trata de personas-. Las drogas prohibidas son peligrosas, pero no por ser drogas, sino por estar prohibidas.

Quienes por décadas han visto desfilar ante sus estrados a jóvenes por llevar un caño de cannabis en el bolsillo o un papelillo de cocaína, y se han limitado a aplicar las leyes prohibicionistas, comienzan a cuestionar dicha legislación.

Los magistrados de Argentina y Brasil son los primeros que han levantado la voz de alerta. En Argentina, la Corte Suprema llegó a declarar inconstitucional la punición de la tenencia para consumo, establecida en la legislación trasandina, cuando no pone en peligro ningún bien jurídico ajeno al consumidor. Y en Brasil, ya son más las voces que apuestan a que para terminar el narcotráfico y la violencia hay que despenalizar las drogas.

DERECHO PENAL Y SALUD

En una declaración suscrita por los magistrados argentinos en febrero de 2009, se señala que desde 1926, fecha de la primera ley de drogas trasandina, “la sanción penal se direccionó hacia los consumidores y particularmente a los últimos eslabones de la cadena de comercialización. No hubo, en proporción, la misma dedicación hacia las organizaciones de tráfico ilícito que, en muchos casos, recibieron protección política, administrativa y judicial”.

El juez, integrante de la Corte Suprema de Argentina, Raúl Zaffaroni (en la foto), agrega que “todo el planteo punitivo sobre los tóxicos es aberrante desde el punto de vista criminológico. Nadie puede resolver un problema de salud mental con el derecho penal, nunca se resolvió y nunca se resolverá”.

María Luisa Karam, quien se desempeñó como jueza en Río de Janeiro en la década de los ‘80 y hoy integra Leap (Law Enforcement Against Prohibition), organización internacional que agrupa a jueces y policías convencidos en el cambio de las leyes de drogas, agrega que “además de tener unas leyes de drogas ineficaces, las políticas antidrogas representadas por esas leyes causan riesgos, daños y sufrimientos que deben concluir”.


EL COSTO DE LA CEGUERA

En diferentes países, desde hace pocos años han ocurrido reformas, las que según un análisis de ‘Intercambios‘, organización argentina dedicada a la pesquisa en materia de drogas, presentan un denominador común: Descriminalización del consumidor de drogas, proporcionalidad de las penas para los pequeños traficantes y políticas de reducción de daños para acercar a quienes no presentan adicción a las drogas al sistema de salud.

A la par que ocurren estos cambios, los datos que miden la persecución al narcotráfico, porfiadamente dicen lo mismo que hace una década: Pese al dinero dispuesto, la cantidad de policías contratados y los daños colaterales causados al medio ambiente, comunidades indígenas y al tejido social, el objetivo de reducir la producción de drogas en América Latina no logró su meta.

La estrategia de guerra a las drogas y los carteles que han lucrado con el negocio ilícito desde el 2006 han cobrado la vida de más de 30 mil personas. En Colombia se cultiva el 30 por ciento del total de cocaína producida en el mundo, cifra que alcanza a las 410 toneladas, según cálculos de la ONU. “En Bolivia, Perú y Colombia, los tres países que en su conjunto producen la totalidad de la cocaína mundial, no lograron en diez años reducir las hectáreas cultivadas, pero sí llegar a dos millones de refugiados, campesinos encarcelados y fumigaciones que denigraron el medioambiente” -reporta el informe de ‘Intercambios’.

EL REY DESNUDO EN ARGENTINA

Al igual que el cuento del traje del emperador, tuvieron que pasar años para que alguien dijera la dura realidad del uso del sistema penal en materia de drogas. La bola de nieve partió con el fallo de un juez de Rosario, el año 2006, sobre un caso de cinco jóvenes detenidos por portar cannabis, que decía que el uso de drogas no afecta a terceros y la criminalización del porte y consumo de drogas genera más daño.

La bola rodó y tuvo un punto capital cuando en agosto de 2009 la Corte Suprema trasandina se sumó al fallo e instó al Ejecutivo y al Parlamento a reformar las leyes de drogas.

El texto de los magistrados declaró que el artículo 14 de la Ley 23.737 “debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal”. El texto “declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.

Ya el 2007, el Ministerio del Interior argentino creó un Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, el que revisó los efectos de la legislación punitiva y entregó un lapidario informe que recomienda asumir un nuevo enfoque en política de drogas basado en no criminalizar a los usuarios y centrar la política de drogas en la prevención, la asistencia médica y el combate al narcotráfico. En el texto se señala que es hora de “centrarse en las personas y dejar de lado la utopía de sacar las drogas de circulación”.

Zaffaroni describe que hasta ese momento la punición del consumo de drogas generó que “miles de consumidores, que ni siquiera son adictos, fuesen procesados. Un papeleo que casi nunca terminaba en condena y que desviaba esfuerzos de la tarea de perseguir el tráfico”. Agrega que llegaban ante los jueces “pequeños vendedores o auxiliares menores. Casi nunca empresarios del tráfico”.

El juez aún recuerda un caso que lo conmovió y que lo hizo cuestionar todavía más la aplicación del derecho penal: “Hace años hubo un motín en la cárcel de Villa Devoto, que dejó un joven muerto entre más de cien. Era un simple consumidor y recibió la pena de muerte por consumir una droga”.

Lo que más llama la atención para los analistas del derecho es que sólo en el caso de las legislaciones sobre drogas la víctima es a la vez victimario. A juicio de Zaffaroni resulta “elemental que no puede haber un delito si no hay un daño o un peligro cercano de daño. Por cierto que esto lo están olvidando los legisladores en muchas materias: Inventan peligros todos los días y así se produce una regresión a tiempos en que se confundía pecado y delito”.

Estadísticas de los tribunales argentinos de 2009 daban cuenta que de las 27.186 causas, 12.801 son por la ley de drogas, siendo la mayoría de estas por casos de tenencia para consumo personal. En el 2006, según informó Página 12, un promedio de 35 personas al día sufrieron contratiempos legales por la posesión de algún tipo de droga. De todos ellos, sólo 204 fueron juzgados y hubo apenas tres sentencias condenatorias.

En Chile, durante el 2010, de las 74.945 detenciones por infracción a la ley de drogas, un 64,7% fue por porte y un 11,8% por consumo. O sea, un 76,5% de los detenidos son consumidores frente al 19,4% de aprehendidos que es por tráfico. Al momento de presentar las cifras, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que “hoy día hay más chilenos que infringen la ley de drogas que los hemos hecho pagar sus cuentas pendientes con la Justicia. Y eso es una buena noticia para toda nuestra sociedad, para toda nuestra comunidad”.

A diferencia del planteamiento de Hinzpeter, para juristas, jueces y analistas, seguir con el actual enfoque represivo no sólo es inútil, sino que hace perder tiempo y dinero al sistema penal.

AVANCES Y RETROCESOS EN BRASIL

A poco más de una semana de estrenarse en el puesto de director de la Secretaría Nacional de Drogas brasileña (Senad), el joven abogado Pedro Abramovay, debió renunciar. Su pecado fue llamar a poner freno a la irracional explosión carcelaria producida por la Ley de Drogas de 2006, que ha llevado a la cárcel a 40 mil personas en cuatro años.

Abramovay, quien se desempeñó antes como secretario nacional de Justicia y Asuntos Legislativos durante el gobierno de Lula, era la esperanza para el cambio de paradigma anhelado en la materia, del gobierno de Dilma Rousseff.

Karam (en la foto) recuerda que cuando era jueza fue “percibiendo que la ilegítima criminalización de la posesión de drogas para uso personal no era el único y principal problema causado por la prohibición. El sistema penal se volvía hacia una represión cada vez más violenta sobre el comercio de estas sustancias, tanto en Brasil como en otros países con una expansión del poder punitivo, con la adopción del paradigma bélico inspirado por la política de la ‘guerra a las drogas’, con el aumento del número de procesados y condenados por la puesta en práctica de la criminalización del comercio y producción”.

En Brasil, la ley de drogas es más dura que en otros países de la región y portar sustancias declaradas ilícitas es considerado un crimen. Sólo en la última legislación de 2006 se distinguió entre el usuario y el traficante, lo que permite que se concedan penas alternativas a la prisión a quienes sean sorprendidos portando o consumiendo.

En los últimos cuatro años, de las 70 mil personas encarceladas en Brasil, 40 mil fueron por microtráfico, la mayoría procesadas bajo la ley de 2006. Esta provocó, según destaca el mismo Abramovay, una explosión carcelaria. Si en 2006, en Brasil había cerca de 60 mil personas presas por crímenes relacionados con drogas; hoy son 100 mil.

“Estamos capturando personas que no tienen vínculo con el crimen organizado, metiéndolas a la cárcel y después de un año, ya ligadas al crimen organizado, devolviéndolas a la sociedad. Tenemos que hacer una elección: ¿Vamos a disputar el pequeño traficante para reintegrarlo a la sociedad o vamos a desistir de él y a entregárselo a estas organizaciones?” -reflexionó Abramovay ante el diario O’Globo. Su reflexión le costó el puesto.

Un estudio presentado por el diputado brasileño del Partido de los Trabajadores -el de Lula-, Paulo Teixeira, analiza 391 sentencias entre 2006 y 2008 por infracciones a la ley de drogas Nº 11.349 y concluye que el 56% de los condenados estaban siendo detenidos por primera vez; el 84% no llevaba armas; el 60,8% estaba solo y no pertenecía a ninguna organización delictiva; y el 50% de los condenados por tráfico de marihuana estaban en posesión de menos de 100 gramos.

Otro estudio reciente, del Ministerio de Justicia del Brasil, reveló que en el 70% de los casos de fallos condenatorios en drogas se penaliza como narcotraficantes a jóvenes pobres sin vinculación con el crimen organizado.

EL HILO DELGADO DEL TRAJE

Karam hace notar que “como todas las leyes penales, las leyes criminalizadoras de conductas relacionadas con drogas se vuelven especialmente contra los pobres, los marginados y los desprovistos de poder”.

Para esto cita estadísticas que dan cuenta de que Brasil tiene hoy la cuarta mayor población carcelaria del mundo: Conforme a los datos del Ministerio de Justicia, son 494.237 presos, que equivalen a 253 por cada cien mil habitantes. De esos, uno de cada cinco es acusado o condenado por tráfico de drogas. Desde fines de 2005 a fines del 2009, hubo un aumento de 61% en el número de presos. Si se considera solo a los presos por tráfico, el aumento sobrepasa el 177%.

Para tener una idea de la condición social de los presos brasileños, basta notar que cerca del 60% ni siquiera concluyó la enseñanza básica.

Karam observa que “no siempre el uso de drogas es un problema. Sustancias psicoactivas han sido usadas desde los orígenes de la historia de la humanidad, muchas veces de forma moderada, controlada y sin conllevar riesgos. Lo que causa problemas es el uso excesivo y descontrolado, así como el uso precoz por parte de niños y adolescentes, y este problema es aumentado por las leyes criminalizadoras, ya que la ilegalidad impide cualquier control sobre ese supuestamente indeseable mercado”.

La ex magistrada agrega que bajo la actual legislación “son los agentes criminalizados quienes deciden cuáles drogas serán ofrecidas, cuál será su potencial tóxico, con qué sustancias serán mezcladas, cuál será su precio, a quién y dónde serán vendidas”.

Zaffaroni opina que el resultado de un siglo de prohibición es evidente: “Empresas mafiosas formidables, más muertos por balas que por sobredosis, chicos usando porquerías que los matan y que circulan sin ningún control, economías complementarias internacionales, concentración de capital y tecnología en las empresas criminales más fuertes, ampliación del consumo, etcétera. Un desastre con muchísimos muertos”.

Además, el juez argentino sostiene que las leyes de droga “permiten que la policía se meta en la vida privada de toda la gente, crea fuentes de extorsión policial, facilitan la corrupción, permiten la organización de mafias, en una palabra: Los mismos efectos de la ‘ley seca’ de los años veinte del siglo pasado, sólo que internacionalizados y en mucha mayor medida y con mucha mayor tecnología”.

Para terminar con esto, Karam propone “terminar con las leyes criminalizadoras, poner fin a la prohibición y legalizar la producción y el consumo de todas las drogas. Esto es necesario para proteger la salud, para que efectivamente las personas tengan mayores posibilidades al momento de querer usar tales sustancias y lo hagan de forma menos arriesgada y más saludable”.

Por Mauricio Becerra Rebolledo

El Ciudadano Nº99, primera quincena abril 2011

Hablan jueces chilenos


Hablan jueces chilenos: “Si se legalizan las drogas, se acaba el negocio de los ‘narcos’”

Patricio Souza, presidente metropolitano de la Asociación Nacional de Magistrados; y Mauricio Olave, juez de Santiago, ofrecen su mirada como jueces chilenos, quienes casi a diario están obligados a aplicar una ley preocupada de sancionar a consumidores, en vez de a las grandes mafias.

-¿En infracción a la ley de drogas, cuáles son los casos que más llegan ante sus estrados?

-Patricio Souza (P.S.): Por consumo; en segundo lugar, el microtráfico y, en tercer lugar, el tráfico propiamente tal. Causas relativas al lavado de dinero por drogas, casi nada.

-¿De qué porcentajes estamos hablando?

-Entre microtráfico y consumo debe ser el 80 por ciento. El tráfico propiamente tal es mucho menor. Incluso hay que hacer una distinción en el tráfico, porque pueden ser también cuestiones de poca envergadura. El gran tráfico, el que hace importaciones o exportaciones de drogas a gran escala, es lo que menos se ve. Decomisos importantes de drogas son muy pocos.

-¿Se puede hacer un perfil de las personas que llegan por consumo?

-Hay de todo. Normalmente son jóvenes, pero no son pocos los adultos que son sorprendidos consumiendo marihuana o cocaína en las calles. A mí no me gusta sancionar el consumo, pero estoy obligado porque la ley dice que debo hacerlo.

-¿El sistema penal pierde muchos recursos en preocuparse del consumo?

-Por supuesto. La pregunta que hay que hacerse es ¿Dónde obtenemos más ganancias? ¿En la persecución penal para combatir eficientemente el tráfico de drogas, en el consumo, el microtráfico o en las grandes redes…?

-¿La policía no se concentra en las grandes redes?

-Mauricio Olave (M.O.): Me tocó ser juez en Calama, allí hay una extensa frontera con grandes productores de cocaína, y enfrentarse a las mafias grandes que trafican drogas es casi imposible. Las mismas leyes prohibitivas de conductas difíciles de evitar, generan mafias. Tenemos las cárceles llenas de traficantes considerados grandes, pero son puros burreros, los tipos a quienes les pagaban para transportar la droga. A los dueños del negocio nunca los pillas, porque funcionan sobre la base de amenazas, de que si el burrero cuenta sobre quién está detrás, matan a toda su familia. Eso me dicen ellos, a quienes les pagan por traer 10 kilos de cocaína. Si te pillan te dan entre 5 y 10 años de cárcel.

UNA EXTRAÑA LEY

-En Chile se puede consumir de manera privada y solo. El problema es que la ley no dice nada de cómo abastecerse para ese consumo sin violarla.

-PS: Sí, la legislación chilena no prohibió el consumo. Pero el consumidor tiene que comprarla, trasladarla a su casa, y ese traslado significa una falta. Para tener una conducta lícita que es consumir, privadamente en tu hogar, tienes que cometer falta. Es muy raro eso.

-Otra cosa rara en la legislación de drogas, sobre todo respecto de las sanciones a consumidores, es que la víctima y el victimario son la misma persona.

-Hay un paternalismo que mantienen nuestros legisladores, que prohíben ciertas conductas. La libertad individual versus el bien público. ¿Puede limitarse tanto el consumo hasta el punto que hay que cometer igual una falta? ¿Es posible legalizar algunas drogas porque así evitas la construcción de mafias, asociaciones criminales y redes mucho más potentes? -son preguntas que cabe hacerse, porque en tanto, si legalizas las drogas, las regulas más o menos bien, les acabas el negocio a los grandes narcos.

-M.O: Despenalizar permitiría controlar la calidad. Lo que nos pasa con la pasta base, que es la pepsina de la cocaína, que es consumida muchas veces a falta de otras drogas que no causan los daños que ésta provoca.

-¿La prohibición también genera un mercado negro?

-P.S: Por supuesto. Lo que pasó en Estados Unidos en los años 20 y 30, cuando prohibieron el alcohol. Y qué generaron: Las mafias más importantes. Se terminó la prohibición y las mafias siguieron, se ramificaron. La gran construcción de las mafias parte con esa prohibición.

-¿Cómo avanzar hacia la despenalización?

-P.S: Es un tema que hay que estudiar seriamente. Derribando los mitos y las posiciones pétreas. Creo que eso conduce a decisiones mucho más racionales.

-M.O: El problema es que uno ve que la corriente va para otro lado acá. En Chile, hace un par de años, modificaron el reglamento y en el caso de la marihuana, que para muchos de nosotros es una droga blanda, la colocaron por decreto supremo y quedó como droga dura.

-Esa fue una decisión más política que científica…

-P.S: Por supuesto que fue política. Su consecuencia es que subió la pena enormemente.

-M.O: Uno piensa que como eso se aprobó, pasó piola, como se dice, y nadie dijo nada. Así, poner en este contexto la despenalización, cuando el aparato administrativo va en contra es complicado. Hoy, en Chile, parece que el horno no está para bollos.

-Pero en Latinoamérica han avanzado hacia la despenalización…

-P.S: Esos datos, estudiados seriamente, debieran conducir a una legislación distinta, pero este problema no lo podemos solucionar nosotros, el rol nuestro es aplicar la ley. Es tarea de los legisladores.

-M.O: El marco que queda por explorar es la interpretación de la ley respecto del consumo. En derecho penal, en el caso de portar droga para el consumo de manera privada no debiera ser delito, situación que pasa mucho, porque para poder consumir drogas de manera privada, debo comprarla y transportarla.

-¿Cuál es el monto que hoy los jueces cortan entre consumo y microtráfico?

-P.S: Queda a criterio de cada juez, por lo general son 30 gramos en el caso de cannabis.

-M.O: Se sabe por valoración negativa, tratando de ver si la persona que pillaron con drogas porta también dinero, tiene balanzas o la llevaba distribuida. Tienes que partir con la hipótesis más baja, porque si ves que porta poca droga se infiere que es para consumo.

-En el caso de la ley de drogas, el fiscal no debe demostrar que eres traficante, sino el usuario de drogas debe demostrar que es sólo consumidor.

-P.S: En la situación más leve tienes que probar que es para consumo personal y próximo en el tiempo. El problema es que hoy el tipo debe probar esto y debiera ser que el Ministerio Público tendría que comprobar que se trata de microtráfico.

-M.O: También el problema es que no está definido cuándo se trata de una plantación o de un cultivo para uso personal. La ley no establece ese rango.

-¿Esperarían más sensatez de parte de los legisladores?

-M.O: Más que sensatez, creo que en las democracias no pueden haber temas vedados. Por instalar el debate nadie puede acusarte que estás haciendo apología a la droga.

Por Mauricio Becerra Rebolledo

El Ciudadano Nº99, primera quincena abril 201

miércoles, 8 de junio de 2011

Frente a las drogas, nada de demagogia


Frente a las drogas, nada de demagogia

Editorial

En gran parte de la sociedad impera una actitud fluctuante frente al flagelo de la droga. Cuando menos es frívola y en el fondo busca legalizar el mercado de la muerte.

De esta actitud no escapan dirigentes políticos, quienes en un afán de captar de manera falsa la simpatía de los jóvenes, no le dan la dimensión que este problema tiene en términos individuales, familiares, sociales y políticos, tanto en Argentina como en la región y el mundo entero.
Las iniciativas sobre despenalización tienen una frivolidad pavorosa, esgrimiendo un discurso dirigido más a complacer las demandas de jóvenes consumidores de marihuana que a asumir la responsabilidad de un gobernante o de un padre de familia. Frente al flagelo de la droga, lo más narcotizante es la política de la demagogia.
La complejidad del problema jamás se solucionará con la legalización ni con la despenalización, mucho menos con la resignación pasiva de la sociedad en su conjunto.
El número de jóvenes que consumen aumenta de manera sideral todos los días y lo que es más llamativo, las barreras de la tolerancia social (que es clave para toda estrategia preventiva) pareciera que están levantadas.
Es necesario tomar conciencia que la inmensa mayoría de los consumidores son, básicamente, jóvenes que necesitan ayuda, no que los aplaudan o los estimulen en el consumo que los consume.
El otro mensaje erróneo que se formula está relacionado con el paco, dado que implica adherir a una cultura perversa y confina la problemática de la droga a ese país invisible, donde habitan los excluidos; mientras los “otros” consumen “merca” o marihuana en cualquier recital e incluso en los propios colegios cada vez con más tolerancia por parte de quienes deben aplicar decisiones preventivas y correctivas.
Así las cosas, la problemática de las adicciones no sólo está contextualizada por una oferta cada vez más amplia y al alcance de cualquier bolsillo, sino que tiene múltiples factores o variables. La principal de estas variables es la tolerancia social al consumo, la oferta del producto en cualquier momento y las vulnerabilidades personales de cada individuo más las vulnerabilidades colectivas de las instituciones que deben velar por el resguardo de la vida.
Frente a las drogas se requiere tener un enfoque complejo e interdisciplinar, pero fundamentalmente se necesita el convencimiento absoluto y sincero, responsable e innegociable de los líderes políticos sobre la importancia de la prevención y la necesidad de que los jóvenes visualicen otro horizonte de vida.
Cambiar “voto joven” por la tolerancia a las drogas es de una irresponsabilidad sin límites.
América Latina vive una situación que los expertos en la lucha contra el narcotráfico califican de “hiperproducción de drogas”. Urge encontrar el sano equilibro porque los extremos como tolerancia cero o permisividad no dan resultado positivo.
El mercado de las drogas se ha expandido y ha provocado que países que antes eran de tránsito hacia Estados Unidos o Europa se hayan convertido en nuevos mercados de consumo y centros de fabricación. Argentina es un ejemplo. No hay que engañarse con las caracterizaciones de tránsito, porque ello implica tarde o temprano asentamiento. ¿Entre Ríos provincia de tránsito? En absoluto, porque lo que transita también queda.
No es casual que Argentina sea el país de América Latina que tiene el mayor porcentaje de consumidores de droga entre los estudiantes de nivel secundario. No es porque sea un territorio de tránsito, sino de permanencia.

http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/92420/frente-a-las-drogas-nada-de-demagogia

sábado, 4 de junio de 2011

Vecinos de Dock Sud movilizados "denuncias"






Los vecinos de Dock Sud, se congregaron en la calle Ing. Luis A. Huergo y Av. Agustín Debenedetti , frente a la Comisaría 3ra. Para reclamar por la falta de información fehaciente referente a los terribles episodios de intento de rapto, que muchos vecinos vienen denunciando.

Entre los relatos de los hechos conocidos mencionan que no hacen las denuncias porque tienen miedo, y otros porque no se las tomaron hasta que se produjo la protesta y movilización de la gente.

Aquí hay que destacar que en el preciso momento que se cortó la Av Debenedetti, desviando el tránsito por Ing. Huergo para retomar por Alem, llegó en un remís una mamá con su hija para radicar una denuncia de que un individuo en una camioneta la persiguiera a la menor (la copia de esta denuncia y de otra que fuera realizada días antes, referente a otro caso, las publicamos haciendo reserva de la identidad de las personas, por seguridad).

Lo curioso es que hasta un rato antes de la movilización, ante la pregunta sobre cuantas denuncias referente al tema se habían tomado, la respuesta a diferentes personas algunas de ella periodistas, era negativa, “que solo existían comentarios de pasillo, pero no denuncias” “que en definitiva esta situación respondía más que nada a una psicosis colectiva, por eso la gente no denunciaba”.

Luego hablando con el comisario nos dicen que si hay denuncias, que con ésta última ya eran siete en esa comisaría.

La situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos los ciudadanos, ante instituciones del poder ejecutivo, legislativo, judicial y las fuerzas de seguridad; atravesados por una burocracia sistémica que hace pensar que fuera ex profeso, la que facilita la connivencia en el crimen organizado: trata de personas, prostitución infantil, ablación de órganos, narcotráfico, armas. Situación que ante la inacción la sociedad va naturalizando y porque no, creyendo que es solamente una “sensación de inseguridad!!” y ahora una “psicosis colectiva!!”. Señores no es una sensación ni una psicosis. Los delitos antes mencionados existen, lo que sucede es que los ciudadanos no tenemos acceso a una información estadística fehaciente. Y aquí tendríamos que preguntarnos ¿a quien beneficia una sociedad con miedo, paralizada, encerrada, en permanente sospecha?

Berta Núñez